Hace una semana, el Congreso de los Diputados aprobaba, con el voto a favor de todos los grupos políticos excepto Vox, la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. Merece la pena intentar poner en el centro de la agenda política una cuestión dramática que, a día de hoy, sigue truncando e incluso acabando con la vida de, aproximadamente, medio centenar de mujeres al año. Sin duda, se trata de un desafío a nuestra propia concepción de lo que debe ser una democracia.

Esta política, aunque ha pasado más desapercibida de lo que debería, es muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque recoge más de cuatrocientas medidas destinadas a combatir la violencia de género desde todas sus aristas; este pacto interpela a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, al Poder Judicial, a todas las administraciones públicas, a empresas y, en definitiva, a toda la sociedad.

Las medidas -461- están organizadas en varios ejes y, en esta ocasión, incluye novedades como propuestas para abordar la violencia en el ámbito digital contra las mujeres, la violencia vicaria e, incluso, mejoras en el tratamiento procesal de la violencia de género. Además, contará con una mayor financiación en las próximas cuentas públicas, gracias al compromiso del Ministerio de Ana Redondo.

Sin duda, se trata de un plan ambicioso que nace, además, de la escucha de cientos de expertos y expertas que han pasado por el Congreso de los Diputados para exponer su conocimiento a este respecto. Se trata de una fórmula de éxito, especialmente por el segundo motivo que hace grande a este pacto: que se trata de un acuerdo de casi todo el arco parlamentario. En tiempo de polarización y política irrespirable, en la Cámara Baja había una sala de reuniones donde diputadas de todos los partidos debatían bajo la premisa de llegar a un acuerdo que, finalmente, se alcanzó.

Es una enorme noticia para nuestro país que pueda establecerse un marco conversacional común sobre el hecho de que existe una violencia que es específica hacia las mujeres y que ejercen los hombres, algo tan cuestionado y combatido por sectores reaccionarios en los últimos años. Creo que este gran logro lo es para la lucha contra la violencia de género, pero también para nuestra democracia.

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, mi anhelo es que este espíritu de pacto llegue a todos los rincones del movimiento feminista, que seamos capaces de sostener un diálogo leal, respetuoso y que reconozca a tantas otras como nos componen. El aislamiento de fuerzas reaccionarias y la capacidad de dialogar, defender posiciones y acordar una agenda común es un ejercicio arduo y difícil pero apasionante y muy útil. Caminemos juntas. 

Andrea Fernández Benéitez es portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputada por León.