La inminencia del procesamiento del fiscal general del Estado, García Ortiz, es por ahora el último escalón de un proceso de politización de la Justicia que en algún momento llegará al estallido. Curiosamente, este audaz paso del juez Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, se publicaba en los medios el mismo lunes en que la prensa transcribía inquietantes conversaciones entre el comisario corrupto Villarejo y María Dolores de Cospedal en las que, entre otras lindezas, ambos convenían la necesidad urgente de cambiar las cúpulas de la UCO y la UDEF para que fueran más afines a sus intereses; y Cospedal, antigua secretaria general del PP, presidenta de Castilla La Mancha, ministra, etc., apartada de la política desde hace siete años, manifiesta a su interlocutor que “al fiscal Grinda hay que matarlo”. El fiscal Grinda era, a la sazón, el fiscal anticorrupción , y aunque el aserto fuera metafórico, no parece muy adecuado encontrarlo en boca de la poderosa política conservadora.

Pues bien: hace ya ocho años, el juez García-Castellón decidió exonerar por completo a Cospedal del ‘caso Kitchen’. Por esta decisión y por otras muchas de pelaje semejante, siempre en la cercanía del PP, este juez de la Audiencia Nacional ha merecido críticas acerbas. El mordaz Rufián, por ejemplo, manifestó en cierta ocasión, y dejó a la posteridad en un vídeo que circula profusamente , que García Castellón salvó a Cospedal de la Kitchen; a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó de la cárcel a Ignacio González, archivó las causas contra el rey emérito, en el ‘caso Bárcenas dejó sin identificar a un individuo oculto bajo las siglas M. Rajoy…

La memoria de todos estos antecedentes coincide ahora con la instrucción de un caso contra el fiscal general del Estado, a quien se acusa de revelación de secretos por encargo de la presidencia del Gobierno. El caso es este: el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid lanzó un colosal bulo -no es el primero que construye desde su privilegiada atalaya- en el que afirmaba sorprendentemente que Hacienda había ofrecido a la pareja de Isabel Ayuso -Alberto González Amador- un acuerdo para zanjar un relevante fraude fiscal por vía administrativa mediante una conformidad. El Mundo recogía la colosal mentira con toda desfachatez: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”. Pues bien: llegado a oídos del fiscal general aquella colosal mentira, García Ortiz desmontó el infundio sin contemplaciones, valiéndose de informaciones que ya se habían publicado y que recogían la verdad, que era exactamente la contraria: el abogado de González Amador se mostraba dispuesto a reconocer los delitos de su cliente y a negociar con la fiscalía.

García Ortiz hizo lo que debía ya que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (1981) permite a los fiscales “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan” siempre “en el ámbito de su competencia”. Denunció por tanto la sucia maniobra entorno de Ayuso. Sin embargo, el Supremo admitió incomprensiblemente la querella de González Amador contra el fiscal por ‘revelación de secretos’, aunque varios periodistas testificaron en sede judicial que conocieron la noticia antes que el fiscal, por lo que no podía ser secreta una información que ya se había divulgado. Y el instructor, Ángel Hurtado, quien había sido elevado al Supremo a instancias del PP con el CGPJ bloqueado todavía, añadió de su cosecha, sin prueba alguna que se conozca, que aquella divulgación se había realizado por orden de Moncloa. Si no creyó a los periodistas, lo lógico hubiera sido que les hubiera exigido responsabilidades por falso testimonio.

Una acusación tan grave como la que se formula sin pruebas suficientes contra García Ortiz, que rompe como es evidente las instituciones judiciales y el equilibrio de poderes, se sostiene sobre suposiciones que no alcanzan siquiera la categoría de indicios.

Ante este espectáculo, el pasado lunes, el magistrado emérito Perfecto Andrés Ibáñez, maestro de generaciones de juristas, publicaba en El País un durísimo y magistral artículo titulado “García Ortiz: una causa criminal sin causa identificable. La pobreza de elementos incriminatorios aportados por la investigación contra el fiscal general es patente”.

Perfecto Andrés destroza la instrucción con una contundencia y una sabiduría impresionantes. Denuncia “el tóxico infundio propagado” por Miguel Ángel Rodríguez’ y desmonta los debilísimos términos de la acusación, faltos del indispensable aparato probatorio.

El final del artículo es descorazonador y demoledor: Perfecto Andrés no cree que el asunto pueda ser resuelto en el ámbito de la Justicia española: “No obstante -escribe- lo que resulta de las precedentes consideraciones, la Sala Segunda continúa avanzando en la persecución de los fiscales imputados. Una malísima noticia. Pero, por fortuna, si antes no se les hiciera justicia en otra instancia, hoy hay jueces en Estrasburgo”.

Mientras llega a Estrasburgo el caso, resulta muy difícil recomendar a García Ortiz la dimisión del cargo. Seguramente somos muchos quienes pensamos que, si la Justicia sale desprestigiada de este trance, no será García Ortiz el responsable de ello. Y en cambio, sin el fiscal abandonara, muchos ciudadanos nos sentiríamos débiles, claramente a merced de cualquier arbitrariedad.