El exministro de Transportes, José Luis Ábalos ha asegurado encontrarse "muy bien" tras el registro de su casa de Valencia por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha tenido lugar este martes y que durado más de nueve horas, ya que según ha informado a los medios presentes a las puertas de su casa, lo único que le interesaba a la UCO "era el teléfono".

La inspección, que se ha iniciado alrededor de las 9:00 de este martes por orden del Tribunal Supremo (TS) en el marco de unas diligencias secretas relacionadas con obras, ha concluido a las 17:00 y según fuentes judiciales consultadas por la Agencia EFE, se ha saldado con el clonado de información de algunos dispositivos telefónicos del exministro. Durante horas, las imágenes de guardias civiles desfilando desde la puerta de su domicilio cargados con maletines, malteas y cajas, llevadas a sus vehículos, han sido una constante.

Según ha explicado el exalto cargo del Gobierno, le han volcado el contenido de su teléfono móvil y se han llevado unas memorias digitales que no les ha dado tiempo a copiar y que podrá recoger en los próximos días.

"Lo único que les interesaba era el teléfono", ha dicho para aclarar que no estaba preocupado porque, "más allá de las cosas íntimas", que ha confiado en que se preserven, su móvil "no registra una gran actividad desde hace mucho tiempo". "Por lo tanto, todo lo que sea aclarar no me molesta, así es que estoy muy bien", ha sostenido.

Interrogado sobre los motivos del registro, el exministro ha precisado que guardan relación con un reciente informe fechado el 5 de junio, cuyo contenido aún no ha trascendido, aunque Europa Press asegura que tras consultar fuentes jurídicas, la documentación que buscaba la UCO tiene que ver con varias obras civiles y supuestas adjudicaciones amañadas. Esta información habría sido aportada por Víctor de Aldama, el empresario relacionado por el 'Caso Koldo'.

Esta es la primera vez que la UCO registra una propiedad del exdirigente socialista, investigado en el alto tribunal por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho en la causa que comenzó en torno a supuestas comisiones en contratos de mascarillas en plena pandemia, pero que se extiende también a posibles irregularidades en otras adjudicaciones públicas.