Ya habían avisado en repetidas ocasiones. Y ahora el Gobierno confirma que cuenta con el visto bueno de la justicia. El Ministerio de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha vuelto a tocar a la puerta de Airbnb para reclamar que retire decenas de miles de anuncios que contravendrían la legislación. 

Desde el departamento liderado por el ministro Pablo Bustinduy reclaman el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas, tras poner sobre la mesa el primer pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que se avalan los movimientos realizados desde Consumo. El Superior madrileño insta a sacar de la Red 5.800 anuncios, con carácter inmediato.

En este sentido, y entroncando con ese pronunciamiento legal, desde la cartera de Bustinduy habían remitido a la compañía hasta tres resoluciones notificando que habían sido detectados la friolera de 65.935 anuncios que vulneraban distintos aspectos de normativas sobre la publicidad de estos alojamientos. Airbnb había acudido a la justicia para evitar el bloqueo y ahora llega este primer auto.

¿Qué normas incumplen estos anuncios?

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han detallado que en la publicidad sobre la que pesa la mencionada orden de bloqueo se conjugan distintas infracciones legales. En primer lugar, "los anuncios no incluyen el número de licencia o registro", una cuestión que es "obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada".

Pero también hay otras claves, como que "los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares". Desde Consumo recuerdan que esa es "una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no".

Por último, los "anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades" y "esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras".

Una problemática que no entiende de comunidades

Cabe señalar también que estos anuncios sobre los que se ha pronunciado el tribunal madrileño se corresponden con publicidad de inmuebles localizados en las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. 

Sin embargo, desde el Ejecutivo ya se han dirigido también a otras regiones, como el caso de Galicia, donde la Xunta tendrá que decidir sobre un listado con 9.000 anuncios potencialmente ilegales de viviendas turísticas.