Las piezas vuelven a moverse en una nueva fase sobre el tablero político y la partida por la Ley de Amnistía ya encara uno de sus momentos clave. El Tribunal Constitucional, donde se dirime el recurso del Partido Popular contra la norma, ya tiene redactada la ponencia de sentencia que los magistrados deberán estudiar hasta que se resuelva el 24 de junio. Y ya ha trascendido que el grueso de la ley es constitucional, si bien sí estima parcialmente el recurso de los populares.

El aval a la Ley de Amnistía es un paso que se espera con fuerza en el seno de las filas del independentismo, pero hay un caso particularmente paradigmático en ente ámbito. La situación de una figura clave en todo lo que rodea al procès, pero sobre todo en las negociaciones con el Gobierno de España -y la presión sobre éste- para dar forma a la norma. El expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, quien se encuentra prófugo de la justicia española desde 2017. 

A pesar de que las informaciones publicadas en la últimas horas sobre ese aval anunciado al 'corazón de la Ley de Amnistía' apuntan a que solo habrá tres correcciones leves, -es decir, fundamentos de inconstitucionalidad-; no parece que la situación legal de Puigdemont vaya a cambiar con este pronunciamiento del alto tribunal. Básicamente, porque esa ponencia de sentencia no se pronuncia sobre el verdadero fleco legal que baila en este proceso. La malversación de fondos.

La 'paradoja Puigdemont': roza la amnistía política pero sin visos de billete de vuelta

A pesar de que fue uno de los mayores puntos de fricción entre los posconvergentes catalanes y el PSOE a la hora de sacar adelante la Ley de Amnistía -incluso forzando su caída en una primera votación-, el hecho de que el paraguas de una amnistía avalada englobe también a Puigdemont, no le despejaría el otro frente judicial por el que sería detenido y juzgado igualmente en un hipotético regreso a España.

En otras palabras, al igual que el resto de personas encausadas o involucradas en algún aspecto del procès, Puigdemont vería amnistiada parte de sus responsabilidades legales por la celebración del referéndum de independencia del 1-O. Pero no así en lo que respecta a su juicio por la malversación de fondos públicos para poder financiar el procès o cuestiones como la promoción exterior de este y las embajadas, el conocido como 'caso Diplocat'.

Para comprender el aún largo horizonte judicial que le espera al expresident catalán hay que remontarse a la causa del Tribunal Supremo, que determinó a que a Puigdemont no podía aplicársele el supuesto incluido en la Ley de Amnistía en lo referente a dicha malversación de fondos públicos. Ese alto tribunal consideró que sí se enriqueció o logró réditos económicos al utilizar dinero de las arcas catalanas para la celebración del referéndum ilegal en lugar de dinero propio. 

El hecho de que el Constitucional no toque en esta ponencia de sentencia el tema de la malversación de fondos responde únicamente a que el recurso de los populares tampoco hacía referencia a este tema, por lo que el futuro legal de Puigdemont siempre se ha teorizado a largo plazo.

Entonces, ¿cuánto habrá que esperar? Una pregunta complicada, pero con toda seguridad y como mínimo, serán varios meses después de que conozcamos el texto definitivo sobre esta primera sentencia. En primer lugar, porque el propio Puigdemont ha elevado un recurso de amparo ante el Constitucional, sobre esa primera interpretación que ha hecho el Supremo sobre el caso de la malversación. 

No obstante, ese no es ni de lejos el único recurso que falta por resolver en el micro universo judicial que atañe a esta ley. El Constitucional tendrá que resolver la friolera de los recursos interpuestos por 14 comunidades autónomas, todas del PP excepto una socialista, la Junta de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page. A estos recursos se suman un total de cinco cuestiones de inconstitucionalidad procedentes de otras instancias judiciales. Una del propio Supremo, cuatro del Superior catalán y otra de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los otros flecos: el as en la manga comunitario del Supremo y la decisión de Llarena

Teniendo en cuenta lo conocido ya de la futura ponencia de sentencia y la propia aritmética del Constitucional, en la que predomina el ala progresista sobre la conservadora -aún habiéndose apartado dos magistrados, con la autoexclusión del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la forzosa de José María Macías-, este capítulo podrá darse por cerrado a finales de este mes de junio.

Después tocará la fase de resolución de esa quincena de recursos y las cuestiones, pero después pueden producirse dos movimientos clave en lo referente a allanar, o no, el regreso legal de Puigdemont a Catalunya -y, por ende, al Estado español-. En esa línea, el Supremo todavía cuenta con un as en la manga, que sería tocar a la puerta de la justicia europea. 

El alto tribunal todavía podría llevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el objetivo de comprobar si la Ley de Amnistía se ajusta al derecho comunitario -el articulado de la norma hizo especial hincapié en su adaptabilidad a la legislación internacional-. Y todo ello nos devuelve al nombre de un juez clave en todo este proceso, Pablo Llarena. El magistrado instructor de la causa contra Puigdemont tiene en su mano la decisión de si mantener o no la orden de detención que obligaría a arrestar al político. Si no vuelve a repetirse la fuga realizada en verano del pasado año, durante la investidura del president Salvador Illa.