En el transcurso de las pesquisas sobre el intento de golpe de Estado en Brasil entre finales de 2022 y principios de 2023, la Policía Federal brasileña encontró en la sede del partido del expresidente Jair Bolsonaro, la formación de extrema derecha Partido Liberal, un papel manuscrito titulado "Operación 142". Los agentes federales se toparon con el documento en el escritorio del coronel Flávio Botelho Peregrino, asesor del vicepresidente y ministro de Defensa de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto. En él, se describía con detalle una operación dividida en seis etapas para abolir la democracia mediante el uso de fuerza militar. La última de ellas recibía el nombre de "Estado Político Final Deseado" y describía así su objetivo último: "Lula no subirá por la rampa". Es decir, impedir la toma de posesión del presidente electo en los comicios del 2 de octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva.

Esa suerte de borrador golpista es una de las tantas pruebas que la Policía Federal recogió en un informe de 884 páginas que entregó al juez Alexandre de Moraes, ministro, como así se les conoce, del Tribunal Supremo Federal brasileño (STF), órgano denominado como el Guardián de la Constitución en Brasil. La investigación policial fue encargada por De Moraes después de que el 8 de enero de 2023 una turba de seguidores de Bolsonaro asaltase las sedes de los tres principales poderes democráticos en Brasil: el propio STF, el Congreso y el Palacio de Planalto. Según los investigadores, las pruebas obtenidas demuestran "de forma inequívoca" que Jair Bolsonaro "planificó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos ejecutados por la organización criminal que tenía como objetivo llevar a cabo un golpe de Estado y abolir el Estado democrático de derecho".

Ahora, Jair Bolsonaro tendrá que responder por estos hechos ante el STF. Con los datos recabados, la Corte Suprema de Brasil decidió a finales de marzo de este año que el expresidente y siete de sus aliados deberán ser juzgados por los delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daños a la propiedad pública y deterioro del patrimonio inmueble. Bolsonaro se enfrenta a más de 40 años de prisión. Con él, y por los mismos cargos, contestarán también los ex ministros de Defensa de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto y el general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; su excomandante de la Marina, el almirante Garnier Santos; su exministro de Seguridad, Anderson Torres; su exjefe de espionaje Alexandre Ramagem; su exministro de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, y su exasistente el teniente coronel Mauro Cid, quien recibirá, llegado el caso, una sentencia menor tras confirmar a los investigadores que Bolsonaro se había puesto en contacto con los jefes militares para discutir planes para un golpe de Estado.

El juicio ha comenzado este lunes y el turno de Jair Bolsonaro llegará este martes o, como tarde, el miércoles. Una declaración que, según ha dicho él mismo, valdrá la pena ver. Por supuesto, Bolsonaro ha negado en reiteradas ocasiones su papel en cualquier golpe de Estado. Todo ello a pesar de las pruebas y pese a que ya en septiembre de 2021 dijo en un discurso que solo Dios le sacaría del poder, que solo saldría de la Presidencia arrestado, asesinado o habiendo ganado. Cuando pronunció aquellas palabras, Bolsonaro tenía ya en mente las elecciones de 2022, para las cuales ponía en duda el mismo sistema electoral con el que ganó en 2018. Aquellos cuestionamientos, que realizó a lo largo de todo su mandato, provocaron que el Tribunal Superior Electoral brasileño le condenase por un delito de abuso de poder con el fin de deslegitimar las elecciones a una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público hasta, al menos, 2030.

Pero esas declaraciones con relación al sistema electoral no son las únicas pruebas que muestran la alergia de Bolsonaro hacia la democracia. En 1999, siendo diputado del Congreso, avisó de que, si algún día llegara a ser presidente, cerraría el congreso. "Daría un golpe de Estado ese mismo día, [...] y estoy seguro de que al menos el 90% de la población celebraría y aplaudiría", aseveró entonces. Ese mismo año, por si quedaran dudas, defendió también que había "que hacer lo que dejó pendiente la dictadura" militar brasileña (1964 – 1985), es decir, "matar a 30.000 personas".

Aunque todavía haya que esperar a escuchar su declaración ante Alexandre de Moraes, lo cierto es que Bolsonaro ha negado haber orquestado un golpe de Estado, pero no el haberlo buscado. De hecho, ha reconocido que sí tuvo conversaciones con algunos jefes militares. "Hablé con gente a puerta cerrada. ¿Qué podemos hacer? Analizamos el Estado de sitio, el Estado de defensa, el artículo 142, la intervención...", dijo en una entrevista reciente con Folha de S. Paulo.

El informe policial sobre el golpe de Estado detalla que Bolsonaro abandonó Brasil a finales de 2022 con destino Orlando, Estados Unidos, porque no había logrado reunir el suficiente apoyo militar para su golpe de Estado. Con ese viaje, aseguran los investigadores, Bolsonaro tampoco se rendía, sino que prefería esperar fuera del país para ver si los asaltos del 8 de enero tenían éxito y evitar una posible detención. Si el golpe no se produjo, concluye el informe, fue por "circunstancias ajenas a su voluntad".

Si bien en Brasil casi todo el mundo es consciente de que Bolsonaro y los suyos serán condenados ante la exuberancia de las pruebas, el expresidente brasileño todavía confía en su "buen amigo" Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. De hecho, al igual que hacen con los fiscales de la Corte Penal Internacional por querer aplicar justicia al asedio de Israel sobre Gaza, la Administración estadounidense ha puesto también en su diana al magistrado brasileño Alexandre de Moraes. Este no solo lleva el caso del golpe, sino que también protagonizó importantes casos contra la red social de Elon Musk, X, por no colaborar en la investigación de los asaltos el 8 de enero, y contra la plataforma ultra Rumble. Hace unas semanas, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, aseguró que había “una gran posibilidad” de que de Moraes fuera sancionado.

Desde Brasil consideran que esta amenaza se debe a la campaña que en Estados Unidos realiza en favor de su padre el hijo de Bolsonaro, Eduardo, quien renunció a su escaño como diputado para instalarse en el país. Tras las palabras de Rubio, de hecho, De Moraes abrió una investigación contra Eduardo Bolsonaro a petición del fiscal general brasileño, Paulo Gonet, por los delitos de obstrucción a las investigaciones, coacción durante el proceso en curso y atentado a la soberanía de Brasil. El presidente, Lula da Silva, tildó de "lamentable que un diputado brasileño, hijo del expresidente, esté instalado allí para interferir en la política interna de Brasil. Es grave, es una práctica terrorista, una práctica antipatriótica", dijo para dejar claro que su país "defenderá no solo a su ministro [De Moraes] sino también a su Tribunal Supremo".

Las primeras revelaciones

En estas primeras horas de juicio la atención se ha centrado en Mauro Cid, antiguo ayudante personal del expresidente, que dio cuenta de los esfuerzos de Bolsonaro y de una parte de la cúpula militar para anular los resultados de las elecciones. Según informa la Agencia EFE, durante más de cuatro horas, el militar confirmó el meollo de lo que contó en su día a la Policía y aclaró que sus confesiones fueron hechas de forma "voluntaria" y "sin presiones", frente a los intentos del bolsonarismo por desacreditar el testimonio.

No se amilanó y repitió el relato con el que está ayudando a los investigadores: dijo que los esfuerzos golpistas pasaron, primero, por buscar fallas en las urnas electrónicas que justificasen la anulación de los comicios. "La gran expectativa es que fuese encontrado un fraude en las urnas (...). Con un fraude, se podría convencer a los militares, diciendo que la elección fue fraudulenta, y quizás la situación cambiara", declaró. 

Como no había manera, porque las elecciones fueron limpias, los asesores del ultra discutieron borradores de decretos para declarar el estado de sitio y de defensa y, así, anular los resultados electorales. En una de esas reuniones, el exmandatario (2019-2022) pidió a uno de sus asesores "recortar" uno de los documentos y aprobó planes para encarcelar al magistrado De Moraes. Pese a que constata que Bolsonaro se recluía cada vez más conforme avanzaban los días, indica que estaba al tanto de los movimientos que ciertos militares seguían tramando para quitar la victoria a Lula. 

El exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem, también declaró en esta primera jornada, pero rechazó las acusaciones de intento de golpe de Estado, dijo que se trataba de documentos "privados" y que fueron elaborados mucho antes de las elecciones de 2022.