Donald Trump ha dado un paso más en su cruzada contra Harvard. El presidente estadounidense firmó este miércoles una orden ejecutiva que prohíbe la entrada al país de cualquier estudiante extranjero que vaya a comenzar sus estudios en la prestigiosa universidad, a la que acusa de antisemitismo y de mantener “vínculos extranjeros preocupantes”. Según la Casa Blanca, esta suspensión busca “salvaguardar la seguridad nacional” frente al supuesto “radicalismo” que, a su juicio, se habría instalado en el campus.

La medida afecta a los nuevos alumnos internacionales que acceden a través del Programa de Visas de Intercambio Estudiantil (SEVP). Además, el Departamento de Estado podrá revisar visados ya concedidos y revocarlos si incumplen ciertos criterios. “Representa un riesgo inaceptable para la seguridad de nuestra nación que una institución académica se niegue a proporcionar información suficiente sobre casos conocidos de mala conducta y criminalidad cometidos por sus estudiantes extranjeros”, justificó Trump. “La Universidad de Harvard ha fallado en este aspecto, entre muchos otros”, zanjó.

La Universidad de Harvard respondió con contundencia. “Este es otro paso más de represalia ilegal que viola nuestros derechos constitucionales”, advirtió en un comunicado. El centro aseguró que protegerá a su alumnado internacional y no permitirá que el presidente le imponga cómo debe operar. “Seguiremos tomando medidas para defender los derechos de nuestros estudiantes y académicos internacionales”, añadió, subrayando que su presencia “beneficia al país de manera inconmensurable”.

El pulso entre ambas partes no es nuevo. En mayo, una jueza federal ya había bloqueado un intento previo de la Administración por impedir la entrada de estudiantes extranjeros en Harvard. Desde entonces, el Gobierno ha recortado fondos públicos a la institución, ha intensificado las acusaciones de antisemitismo y ha convertido a la universidad en blanco prioritario de su narrativa electoral.

La ofensiva no se limita a Harvard. El Departamento de Educación también ha acusado esta semana a la Universidad de Columbia, en Nueva York, de “violar leyes contra la discriminación” por no haber protegido adecuadamente a sus estudiantes judíos. Según la secretaria de Educación, Linda McMahon, “tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre, los dirigentes de Columbia actuaron con deliberada indiferencia ante el acoso en el campus. Esto no solo es inmoral, también es ilegal”.

El Gobierno ya había congelado en marzo 400 millones de dólares en financiación pública destinados a Columbia tras una oleada de protestas propalestinas. La universidad accedió después a aceptar parte de las condiciones impuestas por la Casa Blanca. Ahora, el Departamento de Educación ha pedido que se revise su acreditación oficial, una condición indispensable para que sus estudiantes puedan acceder a becas y préstamos públicos.