A lo largo de la legislatura 2019-2024 la Unión Europea (UE) trabajó para dotarse de los instrumentos necesarios que la llevaran a ser el primer continente climáticamente neutro del mundo.

Esta tarea fue la respuesta de la UE a la voluntad de más del 90% de los europeos de luchar contra el cambio climático, empezando por la comunidad científica, siguiendo por el trabajo de las organizaciones especializadas en medio ambiente y manifestada por la opinión pública, primordialmente por los jóvenes –que, a través de movimientos como Fridays for Future, se movilizaron para presionar moralmente a los responsables políticos, los obligaron a escuchar a la comunidad científica y a tomar medidas contundentes para limitar y reducir el calentamiento global-.

En ese momento se advirtió que la crisis climática que se había identificado públicamente, iba de la mano de una crisis ecológica más amplia y generalizada que, sumadas, nos tenían en una verdadera crisis de insostenibilidad de alcance planetario. Las instituciones de la UE admitieron que la primera no se puede resolver sin atajar la segunda, y viceversa; y no dudaron en admitir aquello que la ciencia había venido advirtiendo durante décadas: que naturaleza, biodiversidad, océano, territorio y atmósfera, están ligados y son interdependientes como componentes de la biosfera, de la cual dependemos todos ineludiblemente.

En este contexto nació el Pacto Verde europeo: de la necesidad fundamental de renovar el compromiso por la lucha contra el cambio climático, pero esta vez emplazando la economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción de la contaminación, la protección, la conservación y la restauración de la naturaleza y la biodiversidad en el mismo rango de importancia política y urgencia que el cambio climático. Su objetivo: reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 (en comparación con los niveles de 1990), y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Conscientes y sensibles a esta realidad, durante ese mandato, en el Parlamento Europeo nos afanamos y avanzamos en numerosos ámbitos bajo el paraguas de la Estrategia de Biodiversidad para 2030, que se presentó en mayo de 2020. Fue un avance plagado de retos y horas de debates para aproximar posiciones entre los distintos bloques políticos de la Eurocámara por una parte, y con la Comisión Europea y el Consejo por la otra.

La estrategia contiene compromisos y acciones específicas que deben cumplirse de aquí a 2030. Como parte de este plan, la Comisión propuso la primera Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, que incluye un objetivo general de restauración para la recuperación a largo plazo de la naturaleza en las zonas terrestres y marinas de la UE, con objetivos de restauración vinculantes para hábitats y especies específicos. Asimismo, impulsó la estrategia para proteger y restaurar bosques y suelos, llamada a contribuir a los objetivos de biodiversidad de la UE. También, acordó reducir las presiones que la pesca ejerce en los recursos y ecosistemas marinos con el Plan de acción para la pesca. Igualmente, convino recuperar la polinización como elemento esencial de nuestros ecosistemas y clave para nuestra vida mediante la revisión de la iniciativa europea de los polinizadores.

Precisamente porque los componentes de la biosfera son interdependientes y no entienden de lindes, la ambición de la Estrategia de Biodiversidad para 2030 no podía detenerse en las fronteras de la UE. Era necesario transmitir la importancia de adoptar políticas similares en el resto de los países del mundo. Con ese ánimo se abordó la Ley de deforestación, que garantiza que los productos que entran en la UE desde terceros países están libres de deforestación y de degradación forestal.

El ciclo parlamentario europeo 2024-2029 arrancó encumbrando a Ursula von der Leyen para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea bajo el compromiso de que el Colegio de Comisarios respetara la labor realizada en el mandato anterior. Con una Comisión y un Parlamento escorados a la derecha y cediendo a las demandas de la extrema derecha, von der Leyen no tardó en incumplir lo convenido. Con el argumento de disminuir las cargas burocráticas para las empresas, impulsar la competitividad y cumplir con la agenda de simplificación administrativa de la nueva Comisión, llegó la reducción de las exigencias medio ambientales asumidas en el curso anterior. En los casi nueve meses transcurridos desde el arranque del nuevo Parlamento, la Comisión ha planteado un paquete normativo simplificador en sostenibilidad empresarial, conocido como Omnibus, con medidas que se mueven entre “prescindir” y “simplificar” la legislación existente, en particular la relativa al Pacto Verde. En este marco existe la preocupación de que Omnibus pueda estar apuntando a la Ley de deforestación, una norma cuya entrada en vigor ya fue aplazada unos meses atrás.

En este escenario, se están bloqueando iniciativas de estricto monitoreo ambiental, como es el caso de la propuesta de Reglamento de vigilancia forestal y la propuesta de Directiva de vigilancia del suelo de la UE; incluso han pretendido debilitar a las ONGs que defienden el medio ambiente, deslegitimizándolas e intentado retirar la financiación que reciben de la UE a través del programa LIFE.

Sin más. Como si de una legislatura a la siguiente hubiéramos dejado de alterar la superficie terrestre; como si ya hubiéramos recuperado parte del 85 % de los humedales que hemos perdido, o mejorado en algo ese 3 % de los océanos libres de presión humana, o regenerado los hábitats forestales europeos en estado de conservación favorable más allá del 15 % actual; como si el millón de especies de plantas y animales que se prevé que estén en riesgo de extinción para 2050 tuvieran su supervivencia a día de hoy garantizada. Es más, el hecho de que un Estado miembro, como Eslovaquia, haya dado el visto bueno para abatir hasta 350 osos pardos -casi el total de los ejemplares que hay en España-, apunta a que vamos a peor.

Todo esto sucede mientras en febrero de este año en la Conferencia de la Partes (COP16), el órgano supremo que toma las decisiones del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la UE encabezó el acuerdo suscrito por 150 países para el primer plan global de financiación de la conservación de la naturaleza, llamado a reducir la degradación de la biodiversidad. Este acuerdo, pieza clave para la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, establece 23 objetivos para cumplir de aquí a 2030, como proteger un 30% de la superficie terrestre y marina o destinar 200.000 millones de dólares a conservar la biodiversidad, de los cuales 30.000 serían ayudas de los países desarrollados a los que tienen menos recursos (frente a unos 15.000 millones de 2022). Es una buena noticia, coherente con el trabajo realizado por la Comisión y el Parlamento en la legislatura anterior. De forma análoga, es preciso -además de deseable- que la Comisión se comprometa a seguir la línea de actuación que lidera en la COP16 para las políticas de la UE relativas a la financiación de la Ley de restauración de la naturaleza.

La derecha europea lleva tiempo alejándose de su compromiso con el Pacto Verde y cediendo irresponsablemente a la presión de la extrema derecha hacia posiciones negacionistas que reniegan de nuestra profunda dependencia de la naturaleza e ignoran los datos basados en la ciencia, y retardistas que, además, difunden un discurso de desinformación en defensa de la postergación climática. La realidad, sin embargo, es que mientras seguimos infligiendo un daño sistémico desproporcionado hacia nuestra biodiversidad, vamos ahondando en el camino hacia el desastre ecológico y climático. La senda del negacionismo y del retardismo emprendida por la derecha y la extrema derecha nos aboca a gran velocidad hacia un futuro aun más incierto, especialmente para los jóvenes. Por una parte, porque heredan un planeta donde la vida misma está amenazada; y por la otra, porque a pesar de las advertencias, del aval científico y de la voluntad de los europeos, la clase política no está a la altura de la circunstancia y antepone intereses partidistas a la necesidad primera de proteger a nuestra ciudadanía, a nuestros recursos, a nuestra biodiversidad, a nuestro planeta y a nuestro futuro.

La idea de que la naturaleza tenga derechos legales ha cobrado impulso a lo largo del siglo XXI. Países como Ecuador o Panamá reconocen a la Naturaleza como sujeto de derecho. Otros, como Nueva Zelanda o Bangladesh, otorgan derechos a entidades naturales. Incluso hay tribunales, como la Corte Constitucional de Ecuador, que han dispuesto que los derechos de la naturaleza no son mera retórica, sino “obligaciones jurídicas vinculantes”. Europa también debería entenderlo así.

Con un Pacto Verde europeo amenazado, la necesidad de que los jóvenes actúen como lo hicieron a través de Fridays for Future es fundamental; que reivindiquen poder disfrutar de un medio ambiente sano, un aire limpio que respirar o agua limpia y segura para consumir es justo; que exijan poder contar con suelos fértiles y océanos sostenibles que les garanticen su seguridad alimentaria en el futuro es primordial.

Pasar a la acción hoy para proteger el Pacto Verde europeo es un deber generacional porque se trata del estado del planeta que pondremos en manos de los jóvenes. Por ellos, es imperativo seguir defendiendo el Pacto Verde europeo y el momento de salir a la calle y reivindicarlo es ahora. Una última sugerencia: por qué no fijar el 5 de junio, Día Mundial de Medio Ambiente, como un día propicio para ello.

Jóvenes europeos: a la calle en defensa del Pacto Verde, en defensa del planeta y del futuro.

César Luena López es eurodiputado socialista