Petro revela que la Policía colombiana está "infiltrada" en el tiroteo del senador Uribe
"Hay alguien que (...) va a volver a actuar porque esto es un juego de billar, de carambolas y toda su siguiente actuación tiene que ver con dividir el país y con debilitar el Estado, la credibilidad", avisa el presidente izquierdista.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado esta madrugada que "la Policía está infiltrada" en el atentado contra el senador y precandidato presidencial del opositor Centro Democrático, Miguel Uribe, que sigue en estado crítico tras recibir varios disparos por la espalda durante un mitin celebrado el sábado en Bogotá.
"He averiguado quién era el que tomaba las decisiones del esquema de seguridad, si era la UNP (Unidad Nacional de Protección) o la Policía. Lo que dice hasta ahora, es que tenía la conducción de la Policía. La oposición tiene desconfianzas hacia el Gobierno, pero la Policía está fuertemente infiltrada", ha declarado durante la reunión, este lunes, de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral.
El mandatario colombiano ha asegurado además que "hay alguien que (...) va a volver a actuar porque esto es un juego de billar, de carambolas y toda su siguiente actuación tiene que ver con dividir el país y con debilitar el Estado, la credibilidad".
Posteriormente, en su cuenta de la red social X, ha señalado que, si bien es "solo" una hipótesis, "el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional", en alusión al menor de 15 años detenido por intento de asesinato y tenencia ilícita de armas y sobre el que se investiga si actuó a sueldo de organizaciones criminales.
"El esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado: de siete a tres personas. Pedí en el Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho", dijo Petro también en sus redes.
"He ordenado por este hecho el incremento de seguridad a los dirigentes de la oposición, específicamente y de manera inmediata, a Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Victoria Eugenia Dávila", ha anunciado.
Sobre el ataque, ha indicado que el arma que empleó el presunto autor "fue comprada ilegalmente en Estados Unidos".
Sin coordinación
A propósito del atentado, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de la protección de personalidades en el país, explicó hoy a periodistas que el esquema de seguridad del senador lo componen tres personas de la entidad a su cargo y cuatro policías, y que es coordinada por un subcomisario de la Policía.
El funcionario detalló que Uribe Turbay terminó su jornada hacia las tres de la mañana del sábado, por lo que los escoltas de la UNP regresaron a sus casas y luego pasaron a recogerlo para ir al lugar de la reunión en el que fue víctima del atentado; sin embargo, esa actividad no fue avisada oportunamente.
"Las personas tuvieron que ir a sus casas y luego regresar; concretamente, el de la UNP tuvo que hacer eso. Regresó a las dos de la tarde (del sábado) a recogerlo en un punto de la ciudad y luego desplazarse hacia el sitio en el que había una actividad que no había sido avisada, no había sido coordinada con las dos entidades de protección", aseguró Rodríguez.
En ese contexto, la familia Uribe Turbay presentó hoy una denuncia penal contra la UNP por presunta negligencia respecto a las peticiones para reforzar su seguridad. "Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año", dijo a la prensa el abogado de la familia, Víctor Mosquera.
Según explicó el abogado, esas solicitudes advertían que Uribe Turbay, considerado desde 2023 como un dirigente en "riesgo extraordinario", debía contar con medidas especiales al convertirse en precandidato presidencial de oposición.
Sin embargo, aseguró que todas las respuestas recibidas por parte de la UNP eran "un copy-paste", descartando el refuerzo. Por ello, la familia solicitó a la Fiscalía abrir una nueva línea de investigación para esclarecer si hubo omisión institucional que facilitó el ataque.