Todavía no se ha valorado suficientemente el efecto destructivo de la cancelación por los Estados Unidos de la United States Agency for International Development, USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), que se consolidó definitivamente en los años cincuenta del pasado siglo de la mano del senador John F. Kennedy, quien en los sesenta envió al Congreso una “propuesta de ley para el desarrollo internacional", germen de la "Ley de Asistencia Exterior" que, siendo ya presidente, fue aprobada en septiembre de 1961, mostrando el rostro amable y generoso de los Estados Unidos.

La USAID acaba ahora de convertirse en una de las víctimas de las políticas aplicadas por Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que ha recortado gran parte del aparato administrativo de los Estados Unidos y numerosas políticas de solidaridad, igualdad de oportunidades e integración. Lo cierto es que los circuitos de asistencia humanitaria que contienen y mitigan bastantes de los casos más lacerantes de subdesarrollo en el escenario global han perdido la aportación de unos 40.000 millones de dólares anuales que Washington destinaba a este fin, filantrópicamente, como corresponde en teoría a la sensibilidad social de la primera potencia de la tierra.

Casi al mismo tiempo que se conocía esta inmoral tropelía del dúo Trump-Musk, la FAO publicaba un informe sobre la situación mundial de las crisis alimentarias. En él asegura que en 2024 el número de personas que tuvieron que afrontar situaciones de inseguridad alimentaria fue de 295,3 millones. En países como Sudán, Yemen y Siria, la vida de la población depende directamente de estas ayudas.

Pero si lo que está sucediendo en USA era previsible en el momento en que se conoció la segunda victoria de Trump, jaleada por los agentes más obscenos de la Heritage Foundation -el think tank que gestiona el ultraliberalismo del Partido Republicano-, lo escandaloso es que, al socaire de semejante comportamiento, otros países democráticos aprovechen la ocasión para reducir, ellos también, sus aportación a la cooperación al desarrollo: Francia, Suiza, Alemania y Reino Unido han reducido también este año sus partidas solidarias… Y lo han hecho con el argumento de que hacen falta recursos para incrementar la seguridad, para invertir en armamento. En España, el presidente del Gobierno ha asegurado que el incremento de gasto en defensa no afectará a las prestaciones sociales… Será difícil sin embargo que quede indemne la cooperación al desarrollo, que ya pagó hasta quedar exhausta la crisis de 2008 y que no tiene otra apoyatura política que las convicciones morales de la ciudadanía y sus dirigentes.

Pero no solo estos países mencionados han pescado en el río devuelto del trumpismo: Gregorio Sorgi, cronista de POLITICO, informaba este lunes de un documento interno de la Comisión Europea firmado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y por el comisario de Presupuesto, Piotr Serafin y que es la presentación del próximo presupuesto plurianual de la Comisión. En este texto, los dirigentes de la UE pretenden añadir condiciones a los fondos transferidos a los países en desarrollo, como por ejemplo la necesidad de frenar los flujos migratorios a cambio de las ayudas. La gran idea de este novedoso proyecto es destinar fondos a regiones como el África subsahariana o el Oriente Medio no solo para combatir la pobreza, sino también para atender las prioridades internas de los países de la UE.

En un tiempo, Moratinos, en aquella época ministro de Exteriores de Zapatero, consiguió acuerdos eficaces con diversos países africanos que intercambiaban ayudas por cierto control en origen de la emigración. Aquello se hacía al margen del sistema de cooperación que en España gestiona la AECID. Pero la idea de ahora parece ir más allá: toda la cooperación internacional, que persigue por definición objetivos de justicia social, estaría vinculada a designios materiales que impondrían los donantes. Además del control de los flujos migratorios en origen, también se estarían buscando ciertas facilidades en la disponibilidad de tierras raras.

Es bien conocido que los Estados Unidos ya han cometido la bajeza de vincular la ayuda militar al acceso a las tierras raras ucranianas. Y es claro que, con las iniciativas mencionadas, Bruselas estaría aproximándose a las políticas anglosajones, que utilizan la ayuda exterior como palanca para satisfacer las prioridades de sus votantes. Esto representaría un gran cambio respecto al modelo actual de ayuda de la UE, que en gran medida se ofrece sin condiciones. Como exige un elemental imperativo ético.

La aplicación radical de la idea utilitarista de Urusula von der Leyen representaría un golpe de muerte a los esfuerzos de parte de la comunidad internacional que lucha para erradicar el hambre en el mundo, misión a la que están dedicadas innumerables organizaciones filantrópicas. Unas ONGs que ya han manifestado que “esta estrategia podría socavar la calidad de la ayuda al desarrollo de la UE” (María José Romero, de “Eurodad”, una ONG centrada en la gestión de la deuda en los países pobres).

De estas tensiones se desprende que probablemente haya que revisar el concepto de ayuda al desarrollo, que hoy está demasiado desprendido de la realidad de los focos a los que se presta el auxilio. Pero en todo caso hay que diferenciar los flujos incondicionales, que se encaminan a permitir la realización personal básica de las sociedades marginadas, de las ayudas al desarrollo, que sí pueden ser motores de las economías locales. Porque la condicionalidad de todas las transferencias, tal como parece desprenderse del proyecto europeo, sería una especie de chantaje muy semejante al que, sin pudor alguno, plantea Trump sistemáticamente para imponer sus tesis supremacistas.